Civiles ante justicia militar: Realidad Venezolana

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René Aguirre Bracho

Desde hace algunos días se escucha casi a diario, lo que está aconteciendo en nuestro país, con aquellos ciudadanos que han sido detenidos en manifestaciones o protestas pacíficas, convocadas por grupos políticos o sectores de la sociedad civil, que se han venido organizando para reclamar lo que consideran es su derecho. Se trata, específicamente, que están siendo procesados por Tribunales Militares, aun siendo civiles, lo cual según acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional es una usurpación de la jurisdicción civil violando los derechos humanos.

De acuerdo a declaraciones aparecidas en los diferentes medios de comunicación, el Ministro de la Defensa, sostiene la legalidad del enjuiciamiento de civiles por militares, justificando su posición en el Código Orgánico de Justicia Militar, en el cual se establece, que “todo aquello que se consiga atacando o agrediendo al centinela en flagrancia, inmediatamente la jurisdicción militar es competente para conocer de ellos”.

Por ello, es importante revisar rápidamente el fundamento legal que da soporte a lo expresado por el Ministro, a tal efecto, el artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) establece:

Artículo 261: La jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas serán seleccionados por concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento, se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios.

La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar… (Subrayado nuestro).

 

Por otro lado, la argumentación esgrimida por el referido Ministro, está bien fundamentada en materia legal, solo que es importante aclarar que el Código al cual hace referencia en sus declaraciones, es producto de una reforma efectuada en 1998 al Código de 1967. Es decir, se trata de una Ley anterior a la vigente Constitución de 1999 por lo tanto, esa Ley debe entenderse derogada por la Constitución de 1999, una vez que la Disposición derogatoria Única establece:

“Queda derogada la Constitución de la República de Venezuela decretada el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y uno. El resto del ordenamiento jurídico mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga a esta Constitución”. (Subrayado nuestro).

 

Adicionalmente,  la Sala Constitucional, en sentencia de 24 de abril de 2002, concluyó que ese Código violaba la Constitución, al permitir que civiles fuesen juzgados por militares. La Sala fue muy clara al señalar: la justicia militar “sólo se aplica a delitos de naturaleza militar, perpetrados por militares en servicio activo, tanto para la oportunidad en que se cometan, como para la fecha de su juzgamiento”.

En conclusión, en correspondencia con lo establecido en el marco legal venezolano así como en línea con la opinión emitida por el Ministerio Público, los civiles no deben ser procesados en Tribunales Militares. El enjuiciamiento que se está llevando a cabo es inconstitucional y por lo tanto susceptible de revisión ante las instancias pertinentes.