Hacia dónde van los Derechos civiles de los venezolanos

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Edison Villalobos

En el Capítulo III de nuestra Constitución,   se recogen y amplían los derechos civiles de las personas, con base en una regulación progresiva que establece normas y principios contenidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en materia de derechos humanos.

Partiendo de lo establecido en el artículo 2 que señala: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. (Subrayado Nuestro).

De igual forma, el  Artículo 22, complementa lo expresado hasta ahora, al establecer: “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley  reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos”. (Subrayado Nuestro).

No obstante, a lo planteado hasta ahora, es pertinente realizar una pregunta: ¿Cuál es la situación actual de los derechos humanos en Venezuela?.

Para el Sector oficialista, “en los últimos años, Venezuela ha avanzado progresivamente con una visión absolutamente garantista, que prioriza los derechos humanos y el valor superior de los mismos, y que va en doble sentido: a futuro para garantizar cada vez más la vigencia y validez de los derechos; y por la otra, hacia el pasado, por las violaciones ocurridas durante los 40 años anteriores al proceso bolivariano donde el país estuvo dominada por grupos económicos que dejaron de lado al pueblo” (http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Situacion-de-los-Derechos-Humanos-en-la-Revolucion-Bolivariana-20170227-0032.html).

Por su parte, de acuerdo a información referenciada en los medios de comunicación, “la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está en alerta por la militarización de medio millón de civiles en Venezuela, ordenada por el presidente Nicolás Maduro, afirmando: “Este inminente despliegue de fuerzas militares y milicias civiles armadas ordenadas por el Poder Ejecutivo representa una grave amenaza a la seguridad y los derechos humanos”.

La oposición sostiene que en Venezuela, se ha criminalizado la protesta, de manera constante se han venido practicando numerosas detenciones arbitrarias que han incluido tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los manifestantes. Persisten recurrentes agresiones y ataques contra periodistas, reporteros y los bloqueos a sitios web. Están matando al pueblo. Uso excesivo de la fuerza y  aplicación de la jurisdicción militar a manifestantes. Las condiciones en que desarrollan su labor los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela se han deteriorado de manera significativa.

Ante lo expuesto nos sentamos a reflexionar y preguntamos: Si en Venezuela nuestra Carta Magna, reafirma el derecho a la vida como derecho fundamental, base para disfrutar y ejercer los demás derechos, por qué hasta la fecha van más de 54 muertos en manifestaciones pacíficas. Que ha pasado con el debido proceso. Por qué, los cuerpos de seguridad del Estado, no ajustan su actuación al respeto a la dignidad de las personas y sus derechos humanos sino por el contrario, hacen uso de armas y sustancias tóxicas contra una determinada población.