Un rechazo unánime al decreto N° 2.718 emanado del Ejecutivo Nacional el pasado 7 de febrero, mediante el cual se crea la Misión Justicia Socialista, acordó la Federación de Colegio de Abogados de Venezuela, el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) y representantes de los Colegios de Abogados de 21 seccionales del país, reunidos en la sede de este gremio en Valencia.

Marlene Robles de Rodríguez, presidente de la federación que agrupa a los colegios de abogados de todo el país, señaló que ante este nuevo ataque a la Constitución, se convocó a un consejo ampliado para analizar el contenido y alcance del decreto, así como evaluar las acciones a seguir, las cuales incluyen entre otras, un acuerdo de desconocimiento a esta disposición presidencial, así como la presentación de un recurso de nulidad ante el TSJ.

Luis González Blanco, presidente de Inpreabogado, indicó que con esta medida serían afectados unos 250 mil abogados, junto a su núcleo familiar.

González precisó que el decreto rompe con la universalidad de la profesión de la abogacía, porque no hay justicia ideologizada. Rechazó la utilización del término justicia socialista,  porque no existe en ninguna de las constituciones que se han sancionado en el país desde 1810.

Nelson Riedi, presidente del Colegio de Abogados de Carabobo, destacó la labor de asistencia gratuita que se vienen prestando desde hace años en las sedes gremiales, a todas las personas que lo requieran, sin caer en ideologización, ni adicionarle calificativos que el ordenamiento legal no contempla.

Los dirigentes gremiales calificaron el decreto que crea la Misión Justicia Socialista como un “adefesio jurídico” que violenta normas constitucionales y legales, establece discriminaciones y solapa competencias de otros órganos del Estado. Instaron a que  sea   derogado   de   manera   inmediata,   reservándose   el   derecho constitucional legal y gremial de actuar en contra del instrumento.